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¡Para la guerra y la violencia siempre habrá tiempo suficiente!
Jesús Gualdrón
Los recientes acontecimientos relacionados con el conflicto interno muestran nuevamente cuán equivocado está el gobierno de Santos al insistir en la realización de diálogos de paz en medio de la confrontación y negar la importancia de la iniciativa de las FARC de llegar a un cese bilateral de fuegos. La tregua unilateral de dos meses decidida por esa guerrilla hasta el 20 de enero pasado no sólo fue desconocida por el establecimiento, que efectuó múltiples bombardeos sobre campamentos guerrilleros con elevados saldos de víctimas, sino que ha sido presentada de manera perversa como un intento de engaño por parte de sus auspiciadores. La tregua unilateral, sin embargo, amén de aminorar la intensidad del conflicto, demostró la unidad política y de mando de la organización guerrillera, desmintiendo en la práctica especulaciones sobre posibles fisuras a su interior, y constituyó, además, un indicador del compromiso de esa organización con la búsqueda de una salida política.
El gobierno de Santos, por su parte, demuestra en este sentido una gran inconsistencia, manifiesta en las declaraciones recientes del señor De la Calle, jefe de su comisión negociadora. Si el Gobierno insiste en continuar y profundizar el enfrentamiento bélico, no puede menos que aceptar que éste produzca víctimas. Pero, además, no puede utilizar la mesa de negociaciones como un instrumento para demostrar “fortaleza y decisión” en vista del innegable fracaso gubernamental en la gestión de asuntos sociales trascendentales para los colombianos y la profundización de los conflictos del bloque de poder dominante, aspectos que ponen en peligro la anunciada reelección del presidente Santos, que se consideraba indiscutible.

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El Foro de Política de desarrollo agrario integral
Jairo Estrada Álvarez
El Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial) que se llevará a cabo del 17 al 19 de diciembre en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, representa el primer espacio de participación ciudadana acordado por la Mesa de Conversaciones del gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Como es sabido, las partes solicitaron a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional -Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz- que "convoquen, organicen y sirvan de relatores de los debates y de las conclusiones" que saldrán de ese importante evento.
La realización del Foro posee el mayor significado, si se consideran al menos cuatro aspectos:

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Política tributaria de Santos para salvar a los intermediarios financieros
Daniel Libreros Caicedo
El proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno mantiene la política de inequidad tributaria que históricamente han diseñado las elites en el país. En efecto, reduce aún más la tributación a la renta (del 35% al 26% nominal), lo cual convierte al país casi que en un paraíso fiscal, dado que con evasiones y exenciones fiscales el pago anual efectivo de renta tan solo llega al 14%, mientras le aumenta la tributación a las capas medias y a los asalariados, profundizando la inequidad tributaria. Al mismo tiempo, anuncia la liquidación del sena y del ICBF con la eliminación de un monto considerable de las rentas parafiscales y preserva las gabelas tributarias exigidas por las ifis a la gran inversión.
Pero el proyecto de reforma tributaria va más allá de una nueva evidencia de redistribución negativa del ingreso por la vía fiscal. Cumple con un diseño presupuestal de mediano plazo conforme a los requisitos exigidos por el fmi, intermediario institucional del capital financiero, oficializados en el binomio institucional “Regla Fiscal” y “Acto Legislativo de la sostenibilidad fiscal”, según los cuales el pago de los intereses de la deuda debe ser la prioridad del gasto público. El desmonte de un área importante del Estado debe ubicarse en esta perspectiva.

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Hacia el agrupamiento de la izquierda unitaria
Jaime Caycedo Turriago
Hay un nuevo escenario político, cargado de retos para las fuerzas partidarias del cambio democrático. Como efecto natural de la decisión del régimen de iniciar diálogos de manera oficial con la insurgencia, se aprecia un relativo descongelamiento de la polarización extrema, esmeradamente cultivada por los aparatos ideológicos del poder a lo largo del primer decenio del siglo XXI. El guerrerismo recalcitrante de Uribe evidencia un creciente aislamiento, lo que no quiere decir que no conserve excepcionales palancas en el parlamento, el poder ejecutivo y las fuerzas armadas y de policía. No hay una muralla china que separe el contenido del régimen, visto desde la variante Santos o Uribe, en términos de su concepción predominantemente militarista en el tratamiento de los conflictos sociales y de la salida de la guerra contrainsurgente. El punto de viraje, no obstante, lo constituye la decisión de dialogar, que implica reconocer al adversario como un sujeto político, y, en consecuencia, como el interlocutor en el tema de la paz, convenir con él un acuerdo de intención con momentos metódicamente escalonados, prioridades de agenda explícitamente establecidas, acompañamiento y facilitación internacional sólida y confiable. Nada semejante pudo verse a lo largo de ocho años de Uribe, pese a los peregrinos intentos circunstanciales, a última hora siempre frustrados.

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Lecciones de un día de septiembre de 1977
Jesús Gualdrón Sandoval
Se cumplen ya 35 años de la realización de la que con seguridad puede denominarse la más importante movilización de lucha del pueblo colombiano en la segunda mitad del siglo veinte: el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. La conmemoración de esa gesta popular adquiere mayor importancia si tomamos en cuenta los tiempos que corren. La exigencia actual del logro de la unidad en el campo popular, de la convergencia de las reivindicaciones de sus diversas vertientes y expresiones organizativas y de la necesaria politización de sus luchas, aconseja volver la mirada sobre un hito histórico que demostró la fortaleza, la decisión y la beligerancia que pueden -y deben- alcanzar las luchas de los trabajadores. El paro de septiembre del 77 tiene la característica principal de haber sido de naturaleza cívica, esto es, de haber integrado en un solo torrente unitario a los trabajadores sindicalizados y representados por las cuatro centrales existentes en la época -CSTC, CGT, CTC y UTC- con los sectores independientes del sindicalismo, las organizaciones barriales y comunales, los gremios de profesionales, las organizaciones campesinas, los estudiantes y -salvo algunas excepciones- con los diversos partidos de la izquierda política. En esa medida, las reivindicaciones sectoriales adquirieron mayor trascendencia, convirtiéndose en banderas compartidas por todos, creando un verdadero sistema de vasos comunicantes entre los diversos canales del movimiento popular1, en un proceso que fue radicalizándose en la medida en que el gobierno hacía caso omiso de las exigencias populares. Estas mismas circunstancias, como nos lo recuerda Arturo Alape en su libro de testimonios sobre aquella jornada, se translucen en su propio desarrollo, en un proceso organizativo, desde meses atrás, eliminando cualquier circunstancia espontánea en su preparación (...) Esa preparación está dada en la agitación de la idea en los barrios, en las fábricas, en los colegios, en las universidades. Es, en principio, el trabajo de los activistas políticos y sindicales para ganar particularmente a las organizaciones barriales.

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El desafío del cambio de rumbo en el Polo Democrático Alternativo
Daniel Libreros Caicedo
La Conferencia Ideológica Nacional del PDA -celebrada durante los días 27 y 28 de Julio- ha sido un evento significativo en medio de profundos procesos de lucha y movilización social. Estuvo atravesada por diversas paradojas y tensiones internas. Presionado por las bases, el Polo, después de un largo período de impedimentos burocráticos para desarrollar los espacios de discusión política, confirmó la crisis política de la dirección -Comité Ejecutivo Nacional-, que agotó las reservas de credibilidad ante la población guardando silencio cómplice frente al gobierno neoliberal y corrupto de Samuel Moreno Rojas y que ha reducido su actuación al control del aparato del partido y al ejercicio de la oposición parlamentaria. Efectivamente, el Comité Ejecutivo no presentó un balance de actividades, como tampoco asumió la tarea de comprender las dimensiones y responsabilidades de la crisis. Fue evidente su indiferencia en los debates de las comisiones y de las plenarias, y no reconoció ninguna responsabilidad por los errores cometidos. Este comportamiento de indiferencia intenta desconocer la magnitud de la crisis e impedir el “cambio de rumbo” del Polo, cual era el lema de la Conferencia Ideológica. El propósito de generar el giro político necesario, ante la sociedad, ante y con el pueblo, fue postergado; no obstante, sigue abierto el desafío de comprender las nuevas realidades políticas y las nuevas exigencias de la lucha social y democrática. Pese a la lógica inercial, en la Conferencia Ideológica se hicieron presente con su voz y sus propuestas un significativo número de expresiones regionales, territoriales, sociales, comunitarias, socialistas y democráticas.

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Izquierda y acción política en Colombia

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A manera de presentación

La cadena de episodios que dio al traste con la proyectada reforma a la justicia por parte del gobierno de Santos puso una vez más en evidencia el carácter estructural de la crisis del Estado colombiano y, en especial, de sus rasgos criminales, mafiosos y corruptos. Y no precisamente porque se hubieren presentado diferencias de fondo entre los propósitos gubernamentales y los perseguidos por los sectores mayoritarios del Congreso. Debe recordarse que el corpus de la reforma había sido el resultado de los acuerdos entre las diferentes facciones que conforman el gobierno de la Unidad Nacional. Los agregados de última hora, práctica consuetudinaria en el Congreso, servirían de disculpa para salirle al paso a lo que había sido el propio engendro del gobierno nacional. En el desenlace de estos vergonzosos hechos, las reiteradas denuncias de sectores progresistas y de izquierda, de algunas organizaciones no gubernamentales, de intelectuales y productores de opinión y, en general, de organizaciones del campo popular jugaron un papel central. La reforma cayó, en realidad, gracias a la amplia movilización social. Fue debido a ese accionar colectivo que el presidente Santos se vio obligado a última hora a aparecer como adalid de la pulcritud y víctima de un engaño. Lo que seguiría sería la farsa y la comparsa: el entierro de la reforma. Aún está por verse qué tan exitosa pudo haber sido esta masiva operación mediática de lavado de fachada. Y, sobre todo, cómo serán los relacionamientos entre el Ejecutivo y el Congreso en la legislatura que se viene a partir del 20 de julio, en la que el gobierno tiene fincadas sus esperanzas para sacar adelante aspectos claves de su política neoliberal en materia tributaria, agraria, minera, pensional, entre otros. Más allá de ello, todo este espectáculo llama a otra reflexión. Se trata de la necesidad de producir el cambio político que permita emprender las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales que requiere el país. Y eso pasa, desde luego, por el entendimiento de la política, de la acción política, y por el examen de las condiciones y posibilidades en el campo popular.

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¿Marco jurídico para la paz o paz con justicia social?
Jairo Estrada Álvarez
La probable aprobación por parte del Congreso del llamado marco jurídico para la paz viene siendo presentada en la opinión pública como la mayor concesión que podrían hacer las clases dominantes para contribuir a una salida política al conflicto colombiano. Su apoyo irrestricto por parte del gobierno se considera al mismo tiempo como una muestra contundente de la voluntad de paz del presidente Santos. El hecho que el proyecto haya sido consultado con Kevin Whitaker, subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de Obama, y con José Manuel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, le concede a la iniciativa una connotación relativamente inusitada: se habría recibido la bendición de dos importantes instituciones de la política exterior del establecimiento estadounidense. Por otra parte, la oposición de sectores militaristas y de ultraderecha, incluido el expresidente Uribe con sus maniobras de última hora, le da unos ribetes adicionales. Si se oponen éstos, debe ser porque algo grande está en curso.

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Marcha Patriótica y perspectivas del campo político
Sergio de Zubiría
Con entusiasmo y expectativas, la Marcha Patriótica emerge en el escenario político colombiano. Cerca de cuatro mil delegados, mil setecientas organizaciones sociales y más de noventa mil marchantes han ungido, entre el 21 y 23 de abril, el nacimiento de este movimiento social y político. Su ideario está plasmado en cinco documentos teóricos que expresan importantes discusiones en las distintas regiones del país desde hace más de ocho meses. Se han tomado decisiones colectivas sobre la naturaleza, la plataforma política, la estructura organizativa, la caracterización del régimen colombiano y el plan de trabajo. Buen augurio que se inicie este proceso haciendo llamados a la reflexión y el enriquecimiento de la acción política.
Algunas de las orientaciones sobre la naturaleza y carácter de la Marcha contienen perspectivas importantes para potenciar el campo de la política de izquierda en Colombia. Por ello, hay que destacar la estrecha ligazón entre lo social y lo político como el sendero para refundar el sentido de lo político: “Marcha es el lugar de encuentro de múltiples procesos de organización, resistencia y lucha que han decidido hacer suyo el ejercicio de la política y aspira a ser una expresión organizada del movimiento real de las resistencias y luchas de las gentes del común...”, expresa la Declaración Política. Un escenario unitario de articulación de las luchas sociales y populares. Este nexo entre lo social y lo político pasa por la búsqueda de la más amplia unidad de la izquierda y convoca al PDA, al Congreso de los Pueblos, la Minga social e indígena, la Coordinadora, el Comosococ, la MANE y otras fuerzas de distinta naturaleza a la consolidación de acuerdos programáticos y agendas comunes.

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